La reforma legal, que entrará en vigor a finales de este mayo de 2019, introduce una serie de cambios en áreas diversas de los contratos de hipotecas, en su gran mayoría orientados a incrementar la seguridad del cliente frente a las entidades bancarias y a hacerlas más accesibles. Sin ir más lejos, el consumidor sólo se hará cargo de los gastos económicos de la tasación, mientras que será el banco quien asuma la cantidad correspondiente a los costes de registro, gestoría y notaría, así como el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La cuantía de este impuesto depende de cada comunidad autónoma, y se sitúa entre el 0,5% de la compraventa en comunidades como País Vasco y Navarra y el 1,5% en otras como Aragón y Andalucía.

Una figura que se alza con un papel protagonista en este nuevo escenario es la del notario. Gracias a esta ley, el cliente dispondrá de diez días para evaluar el contrato propuesto y acudir de forma gratuita al notario, quien se asegurará de que comprende exactamente las condiciones concretas del acuerdo y le resolverá las posibles dudas. Quedarán excluidas de la legalidad las concesiones hipotecarias vinculadas a la contratación de productos no contemplados por el Banco de España, como seguros de hogar o de vida.

Las novedades no se detienen ahí, sino que se en ciertos aspectos se han fijado límites considerables: anteriormente, los intereses de demora podían ascender hasta el desorbitado porcentaje del 25% del tipo contratado. Una vez entre en vigor la nueva legislatura, el dato pasará a ser menos abrumador: como máximo, de un 3%. Asimismo, la cantidad acumulada de impagos para proceder al desahucio debe constituir entre un 3% y un 7% del préstamo, o alargarse durante 12 mensualidades, cuatro veces las que se requieren a día de hoy.

La ley no sólo matiza algunas de las directrices precedentes, sino que también incluye diversas medidas restrictivas que afectan a una multiplicidad de ámbitos: se descarta la posibilidad de incluir cláusulas suelo, y se impedirá que las entidades bancarias premien a sus trabajadores con incentivos o retribuciones por número de hipotecas concedidas.

Estas son tan sólo algunas de las características de esta ley hipotecaria, mediante la cual se aspira a reforzar la transparencia de los contratos y a garantizar la tranquilidad, la seguridad y la confianza del usuario a la hora de solicitar una hipoteca.